El modelo provincial de conectividad escolar contrasta con el plan nacional de Starlink

El avance del Gobierno nacional para utilizar Starlink en la conexión de 6.000 escuelas rurales de todo el país reabrió el debate sobre el rol del Estado en el desarrollo y sostenimiento de la infraestructura digital educativa. En La Pampa, la discusión tiene un antecedente concreto: tras la interrupción del financiamiento nacional en 2024, la Provincia asumió con recursos propios la continuidad del servicio y evitó que las escuelas quedaran sin internet.

El recorte nacional implicó el cese de los planes administrados mediante ARSAT y la suspensión de fondos destinados a infraestructura digital educativa que eran transferidos a las provincias. La medida obligó a las jurisdicciones a buscar alternativas para garantizar un servicio que ya se había convertido en indispensable para el funcionamiento cotidiano de los establecimientos.

En La Pampa, la respuesta estuvo a cargo de Empatel Sapem. Desde la empresa provincial señalaron que unas 250 instituciones educativas fueron alcanzadas por la decisión nacional. La Provincia articuló con cooperativas, empresas locales y otros prestadores para sostener las conexiones.

El resultado, según Empatel, fue que ninguna de esas escuelas sufrió un solo día sin acceso a internet.

La diferencia de costos

La experiencia pampeana también presenta una diferencia significativa en términos económicos. De acuerdo con Empatel, el costo promedio asumido por la Provincia para garantizar la conectividad de esas instituciones ronda los 40 dólares por establecimiento, un valor que podría reducirse mediante una mayor optimización del esquema.

El dato contrasta con el programa anunciado por el Gobierno de Javier Milei, que contempla utilizar la red satelital de Starlink, propiedad de Elon Musk, para conectar 6.000 escuelas rurales.

Según la información difundida sobre el convenio, el costo del servicio se ubicaría en torno a los 166 dólares mensuales por establecimiento una vez finalizado el período inicial de dos años. A partir de entonces, serían las provincias y municipios adherentes quienes deberían afrontar el pago.

De esta manera, el costo estimado del esquema nacional multiplica por más de cuatro el promedio que actualmente afronta La Pampa para mantener conectadas a sus escuelas.

Una estrategia con distintas tecnologías

La experiencia pampeana muestra que la conectividad rural no necesariamente requiere depender de una única tecnología. Empatel diseñó un esquema que combina cooperativas, empresas locales y distintas alternativas disponibles según las características de cada territorio.

La tecnología satelital se utilizó en aquellos establecimientos donde las condiciones geográficas dificultaban o directamente impedían recurrir a otras opciones.

En determinadas escuelas rurales de la provincia se instalaron antenas Starlink, aunque su utilización fue puntual y no constituyó la base de la estrategia provincial.

En otras provincias, como Córdoba, Chubut y Salta, también se recurrió a antenas Starlink mediante revendedores. Si bien no se difundieron cifras oficiales sobre esos contratos, desde el sector comercial estimaron que una antena destinada al segmento público-corporativo puede rondar los 100 dólares, con características diferentes a las del servicio residencial.

El debate sobre el modelo

La discusión abierta por el acuerdo nacional excede las ventajas técnicas de Starlink y su capacidad para brindar conectividad en zonas alejadas. El punto central pasa por la manera en que el Estado decide garantizar el acceso a internet en lugares donde el mercado no siempre encuentra incentivos para invertir.

La decisión nacional de discontinuar el financiamiento trasladó parte de esa responsabilidad a las provincias. La Pampa optó por asumirla y desarrollar una respuesta propia a través de Empatel, articulando con prestadores locales y utilizando diferentes tecnologías según las necesidades de cada establecimiento.

El dato que destaca la Provincia es que, mientras su esquema tiene un costo promedio cercano a los 40 dólares por institución, el modelo nacional proyectado para Starlink se ubicaría en unos 166 dólares mensuales.

Esto no implica que la tecnología satelital carezca de utilidad. De hecho, La Pampa recurrió a Starlink en aquellas escuelas donde resultó una alternativa conveniente. La discusión pasa por determinar si debe convertirse en la solución general o mantenerse como una herramienta complementaria dentro de una política integral de conectividad.

El antecedente de 2024

En mayo de 2024, el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, reconoció ante el Senado que 3.170 establecimientos educativos del país se encontraban sin conectividad. También informó que el Estado nacional había regularizado pagos vencidos correspondientes a 29.100 establecimientos, de los cuales 16.800 recibían internet a través de ARSAT.

El dato había surgido a partir de una consulta parlamentaria que advertía sobre deudas con empresas proveedoras y el riesgo de interrupciones en el servicio.

El mismo período estuvo marcado por un fuerte retroceso presupuestario en Conectar Igualdad. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso citados por Infobae, durante el primer trimestre de 2024 no se registraron erogaciones para la compra de computadoras, mientras que durante el mismo período de 2023 se habían ejecutado $11.977 millones con ese objetivo.

En ese contexto, mientras a nivel nacional se discutía la continuidad de programas de conectividad y equipamiento tecnológico, La Pampa decidió sostener con recursos propios una política destinada a garantizar el acceso a internet en sus escuelas.

El antecedente muestra que el retiro del financiamiento nacional no quedó limitado a una discusión presupuestaria. Tuvo consecuencias concretas sobre miles de establecimientos educativos y obligó a las provincias a buscar alternativas para evitar interrupciones en un servicio considerado esencial para la actividad escolar.