El Gobierno provincial destaca inversiones de TGS y asegura que no hace falta adherir al RIGI

La aprobación nacional del proyecto de ampliación del Gasoducto Perito Moreno volvió a poner en escena el debate sobre la adhesión de La Pampa al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Desde el Gobierno provincial sostuvieron que la iniciativa demuestra que es posible recibir inversiones vinculadas al régimen sin que la provincia renuncie a sus potestades tributarias ni adhiera formalmente al esquema impulsado por la administración de Javier Milei.

La discusión mantiene enfrentadas a las autoridades pampeanas y a sectores de la oposición desde la creación del RIGI. Mientras la gestión de Sergio Ziliotto optó por no incorporarse al régimen, argumentando que ello implicaría resignar herramientas de control y beneficios fiscales provinciales, dirigentes opositores insistieron en que esa decisión podría desalentar la llegada de capitales.

El nuevo capítulo se abrió tras la aprobación, por parte del Ministerio de Economía de la Nación, de la inversión presentada por la empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) para ampliar la capacidad de transporte del Gasoducto Perito Moreno. El proyecto contempla un desembolso de aproximadamente 550 millones de dólares y busca incrementar en 14 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de traslado de gas proveniente de Vaca Muerta.

La obra prevé la instalación de nuevas plantas compresoras en las localidades pampeanas de Doblas, Casa de Piedra y Chacharramendi, además de mejorar la infraestructura existente. Con estos trabajos, el ducto aumentará cerca de un 60 por ciento su capacidad operativa.

Actualmente, el gasoducto conecta Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, a lo largo de más de 560 kilómetros. La ampliación permitirá elevar el transporte de gas desde los actuales 21 millones de metros cúbicos diarios hasta unos 35 millones.

Desde Casa de Gobierno interpretaron la decisión nacional como una confirmación de la postura que sostienen desde el inicio del debate. Según indicaron, la aprobación de proyectos bajo el RIGI depende exclusivamente del Gobierno nacional y no requiere que las provincias adhieran al régimen para que las inversiones se desarrollen en su territorio.

Además, remarcaron que mantener la no adhesión les permite conservar facultades vinculadas al manejo de recursos estratégicos, especialmente el agua, y evitar que los emprendimientos privados tengan prioridad sobre las necesidades de la población.

En ese contexto, funcionarios provinciales consideraron que la llegada de estas obras a suelo pampeano fortalece el argumento oficial de que es posible atraer inversiones sin resignar competencias provinciales ni otorgar beneficios adicionales más allá de los establecidos por la legislación nacional.