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Una medida insólita, con costos ambientales y socio-económicos

La importación de basura, contradictoria y a pedir de grandes industriales, complica al ambiente y a la economía popular.

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Una insólita medida del gobierno nacional, incluso a contramano de algunas de sus propias políticas y teóricos objetivos, amenaza con generar un perjuicio en un sector de la economía que está entre los más necesitados y que poco a poco comenzó a dar algunos pasos hacia adelante después de la peor época de pandemia.

De acuerdo a las denuncias de agrupaciones nacionales que involucran a cartoneros y recicladores organizados, el Ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Matías Kulfas habilitó la importación de basura y bobinas de papel desde los Estados Unidos, a pedido de firmas industriales que utilizan esos insumos para sus producciones.

La denuncia inicial fue visibilizada sobre todo por el dirigente social Juan Grabois, que simpatiza críticamente con el oficialismo.

La rentabilidad de esos sectores empresariales tiene al menos un doble costo, que también se verificará en nuestra provincia en el caso de que efectivamente se sostenga esta política.

Por un lado, la caída en desgracia de quienes vienen cumpliendo la tarea de cartonear y reciclar dentro del país (sea de manera organizada y regular, o de modo individual y sin registro): se cae el precio del cartón, ya de por sí atrasado, y se pone en riesgo la subsistencia de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras.

Por otro lado, un daño ambiental imposible de medir, puesto que si quienes hacen esas labores en distintas ciudades dejan de hacerlas, las consecuencias serían funestas y visibles a las pocas horas, ya que esos residuos coparían calles, parques, plazas y veredas.

En La Pampa hay comunas que se han puesto manos a la obra para organizar a recicladores y personas que cartoneaban en condiciones paupérrimas para gestar por ejemplo una cooperativa como la de Santa Rosa, con la idea de afianzar la dignidad de quienes hacen ese trabajo y a la vez potenciar la eficiencia de la tarea que desarrollan.

En el caso de la capital pampeana, el ejemplar funcionamiento de la economía “Brote Popular” asiste con preocupación a la difusión de este tipo de medidas, puesto que implicaría un retroceso innecesario, una caída de fuentes laborales y un daño para el ambiente de la capital provincial.

Por eso el propio intendente Luciano di Nápoli decidió declararse un opositor a la medida, aun en confrontación con la gestión nacional de su propia fuerza política.

El gobierno nacional ha sido confuso respecto del tema, puesto que en una aparición pública el ministro Kulfas dio a entender que la situación no era exactamente así, aunque a la vez en esa misma entrevista lo que dejó entrever es que la responsabilidad no era de su Ministerio, sino de el de Ambiente, a cargo de Juan Cabandié.

Es imposible saber hasta qué punto estos dimes y diretes son consecuencia de la lucha por espacios de poder sectoriales y hasta qué instancia representan una confrontación de proyectos, ambos anidados en el Frente de Todos y protagonistas de una discusión más profunda y con más ramas.

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