Economía
Suba de alquileres: proponen crear una Oficina de Inquilinos
La situación del sector inmobiliario genera cada vez más preocupación, ya no por la escasez de oferta de viviendas de uso familiar, sino por los incrementos por encima de la inflación de los alquileres y los requisitos discriminatorios que deben afrontar los inquilinos.

En este contexto, el diputado provincial Espartaco Marín, jefe del bloque Frejupa, trabaja en un proyecto de ley para crear la Oficina de Defensa de los Inquilinos en la provincia, eliminar los requisitos “abusivos” y habilitar una “garantía” del Estado para quienes no tienen empleo formal.
“En 2023, hicimos una ronda de consultas con la Cámara Inmobiliaria, la Asociación de Inquilinos, Ipav, Fogapam, vinculado a un proyecto para promover la oferta, porque muchos propietarios no ponían sus inmuebles para alquilar ante la regulación de la ley de alquileres”, afirmó Marín.
Agregó que “el escenario cambió” porque “hay una mayor oferta de alquileres pero el problema ahora es que cayó la demanda por la baja del poder adquisitivo del salario de los inquilinos mientras que los alquileres aumentaron un 65% más, según datos del Indec, por encima de los índices inflacionarios”.
El diputado planteó que a esa situación se suma “el alto nivel de desocupación y la imposibilidad de tener una garantía o no tener un sueldo en blanco para justificar el ingreso para afrontar el pago del alquiler, entonces la demanda es corta en relación a la oferta”.
Oficina del Inquilino.
Marín pretende avanzar en la creación de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Inquilinos, que podrá funcionar en el ámbito de la Oficina de Defensa del Consumidor, “pero debe tener un área específica vinculada a la defensa de los derechos de los inquilinos en la provincia”.
Para el legislador, es necesario diferenciar la Oficina de la Defensa de los Inquilinos de Defensa del Consumidor, porque ésta última “aparecen denuncias por la compra de un electrodoméstico, un plan de ahorro, la tarjeta celular, una vivienda prefabricada, y la dinámica de los contratos de alquiler es particular”.
Explicó que el organismo debe tener “atención gratuita con un abogado” porque “incluso hay muchas demandas en razón de los términos de contratos de la ley de alquileres vigente”, por ejemplo “cuando te lo tienen que renovar cobran cualquier cosa”.
Sistema de garantías.
En el borrador, Marín también planea implementar “un sistema de seguro de caución o de garantía por parte del Estado, por eso nos juntamos con Fogapam, porque sin un empleo en blanco, que es lo que la mayoría de las inmobiliarias piden, no se puede alquilar. Entonces si no tengo un sueldo del Estado, tengo que ir a buscar a alguien que me haga de garantía”.
“A nuestro entender, también por legislación comparada, porque Capital Federal tiene algo similar, el Estado debería intentar garantizar, o a través de un seguro de caución que lo puede brindar el Banco de la Pampa u otros bancos privados, o por otro sistema como Fogapam que tienen para las empresas, para fomentar los alquileres de quienes no tiene una garantía de empleo público”, siguió.
Por otro lado, Marín planteó la necesidad de avanzar en “la prohibición de las cláusulas discriminatorias en los contratos de alquiler”, porque directamente “los alquileres se promocionan para personas que no tengan hijos, que no tengan animales de compañía y son cláusulas abusivas”.
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