Sin el aporte nacional, los jubilados pampeanos cobrarían solo el 75% de sus haberes

Uno de cada cuatro pesos utilizados para pagar las jubilaciones provinciales en La Pampa proviene del presupuesto provincial y de los municipios. Es decir, el 25% del total de los haberes se financia con recursos de todos los pampeanos, debido a que el gobierno de Javier Milei interrumpió el envío de fondos nacionales correspondientes al déficit previsional tras negarse a reconocer el acuerdo por el no traspaso de la caja jubilatoria.

Esta semana el tema volvió a ocupar un lugar central en la agenda política, luego de que la Corte Suprema de Justicia convocara a una audiencia entre el Gobierno provincial y el Ejecutivo nacional. Durante el encuentro, el Estado pampeano logró un avance importante: la administración central reconoció la legitimidad del reclamo.

La deuda reclamada por La Pampa asciende a unos 400 mil millones de pesos. Actualmente, la jubilación mínima provincial es de $798.475. Según un análisis conjunto del Ministerio de Hacienda y Finanzas y del Instituto de Seguridad Social (ISS), la Anses debería financiar el 24,33% de cada jubilación, monto que la Nación dejó de aportar desde enero de 2024. “Esa plata ya no está y se están haciendo cargo la Provincia y los municipios”, precisaron desde el área económica.

Este esfuerzo financiero, en un contexto de recesión y caída de la recaudación, obliga al Gobierno provincial a utilizar fondos que podrían destinarse a infraestructura, seguridad, salud o educación. Como consecuencia, se ralentizarán obras públicas y se postergarán compras de bienes de capital. “Por el déficit previsional, entre la Provincia y los municipios ya vamos a aportar 145 mil millones, una parte muy grande que debía cubrir Nación”, explicó el ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, en diálogo con Radio Noticias.

El impacto ya se refleja en el presupuesto 2025, que no logra cubrir lo planificado y motivó un pedido a la Legislatura para reestructurar partidas.

Tras la audiencia con la Corte, fuentes del Ejecutivo provincial confirmaron que “el reconocimiento de legalidad y legitimidad está”. El Gobierno nacional se comprometió a realizar las auditorías pendientes para definir los déficits anuales y establecer los adelantos mensuales que fueron suspendidos al inicio de la gestión de Milei.

Sin embargo, aclararon que los pagos no serán inmediatos y estarán sujetos a acuerdos posteriores, incluyendo la actualización de las sumas adeudadas. La próxima reunión entre las partes fue fijada para el 10 de diciembre.