La Pampa presentó un amparo por la eliminación del subsidio a las tarifas del transporte público

El Gobierno de La Pampa finalmente decidió ir directamente ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar contra la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público, que el presidente Javier Milei decidió después de que se cayera la Ley Ómnibus como una «venganza» contra los gobernadores.

Según se informó oficialmente desde Casa de Gobierno, en el día de hoy el gobernador Sergio Ziliotto, a través de la Fiscalía de Estado, presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dejar sin efecto en forma urgente la eliminación por parte del Poder Ejecutivo Nacional del «Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País».

En el texto se advierte que la medida del Gobierno nacional es «arbitraria, abusiva y avasalla los elementos esenciales del federalismo y autonomías municipales».

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«Configura una desviación del poder en virtud que se dejarán de ejecutar partidas presupuestarias creadas por ley del Congreso de la Nación por una decisión administrativa arbitraria, ilegitima y carente de todo fundamento, configurándose un caso de gravedad institucional al violentar la división de poderes y relativizar derechos y garantías constitucionales», remarca el Gobierno pampeano en el texto.

Además, se advierte que «se trata de una decisión unilateral que desconoce los acuerdos vigentes en la materia, generando un impacto negativo directo sobre los habitantes de la provincia y las pymes pampeanas prestatarias del servicio público».

«La razón y consistencia técnica de la existencia del Fondo es cubrir la estructura de costos de las prestatarias para que el servicio público se encuentre a disposición de los usuarios. De modo alguno resultaría efectivo subsidiar la demanda, toda vez que la cantidad de usuarios que la provincia de La Pampa posee -en virtud de la densidad poblacional- es una limitante para el desarrollo de la actividad de la empresa prestataria, la cual necesita del Fondo para su subsistencia y sostenibilidad de las líneas que aseguran la interconexión de las localidades», agregaron.

También, remarcaron que «no serviría de nada subsidiar al usuario si no existen empresas que quieran y/o puedan prestar el servicio».

«Más aún, se relativizan derechos básicos de los pampeanos al limitar el ejercicio de garantías constitucionales, libre circulación, igualdad, acceso a la salud, acceso a la educación, a la justicia, entre otros, todo ello bajo el supuesto análisis de ajustes que son distorsionados en tanto no se adecúan a la realidad social y económica de la población. Confunde, en estos parámetros, el gobierno del Estado Nacional privilegios con derechos prioritarios, esenciales y elementales», insistieron.

«Lejos de garantizar una igualdad y un acceso directo de cada uno de los usuarios lo que promueve es una brecha cada vez mayor -hasta el punto de no reversión- de cada uno de los ciudadanos con los distintos sistemas de integración reconocidos universalmente. La provincia de La Pampa no va a permitir el retroceso en políticas de Estado que se han materializado en los últimos años y que benefician indiscutiblemente al pueblo pampeano. Circunscribir la existencia del Fondo a una variable meramente económica, no solamente denota la impericia de su tratamiento sino también la falta de conocimiento respecto de los fundamentos y consistencia técnica de su creación», cierra la presentación.

La semana pasada, a solo dos días de haber lanzado un aumento del 251 por ciento en los boletos de trenes y colectivos en el AMBA, el Gobierno nacional anunció que «ha decidido terminar con el congelamiento en las tarifas» que regía hasta ahora, y confirmó que de esta manera se reducirán los subsidios a las empresas del sector en todo el país.

La medida funciona como un castigo a las provincias, ya que la disposición oficial elimina el Fondo Compensador del Interior que amortiguaba el precio de los pasajes. 

Dentro del Presupuesto 2024 que elaboró el Gobierno pampeano, en el ítem destinado a los fondos recibidos por el Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), el Ministerio de Hacienda y Finanzas apuntó la expectativa de que llegaran $993.600.000 como parte de los aportes no reintegrables.

El SISTAU es el sistema por el cual el gobierno nacional transfería por la Administración Pública a empresas o consumidores para permitir que determinados servicios sean provistos a un costo inferior al necesario para cubrir los costos de producción. Las transferencias se explicaban con dos objetivos principales: fomentar el acceso a esos bienes o servicios por parte de segmentos específicos de la población e impulsar el desarrollo de sectores productivos determinados.