La Pampa analiza un amparo judicial ante el impacto de la Ley de Glaciares

Con una amplia convocatoria, se desarrolló en la Universidad Nacional de La Pampa el panel “Implicancias de la modificación de la Ley de Glaciares en La Pampa”, donde se abordaron las consecuencias jurídicas, políticas, técnicas y sociales de los cambios introducidos en la normativa. Durante el encuentro, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que la provincia “está muy legitimada procesalmente para ir a la Justicia e interponer una acción de amparo colectivo en resguardo de sus propios recursos naturales”.

El conversatorio se realizó a sala llena en la Facultad de Ciencias Humanas y contó con exposiciones del propio Gil Domínguez; del senador nacional por La Pampa Daniel Pablo Bensusán (Unión por la Patria); de la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso; del secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi; de la directora del Instituto de Geografía de la FCH–UNLPam, Beatriz Dillon; y de la investigadora del INTA, Carolina Aumassanne. El senador radical Daniel Kroneberger había confirmado su participación, pero finalmente no asistió.

Desde el plano jurídico, Gil Domínguez advirtió que la modificación de la Ley de Glaciares pone en riesgo a los glaciares y a las zonas periglaciares, que definió como reservorios estratégicos de agua, reguladores climáticos y proveedores de servicios ambientales esenciales. Señaló que se trata de recursos fundamentales no solo para las provincias donde se ubican, sino para todo el país, debido a la interprovincialidad de los ríos y al carácter colectivo del derecho al agua potable.

El constitucionalista calificó la reforma como “regresiva” y explicó que habilita a las provincias a decidir discrecionalmente qué áreas cumplen funciones de glaciar, abriendo la puerta a actividades como la minería a cielo abierto, de alto consumo hídrico. Afirmó que la norma contradice el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece presupuestos mínimos de protección ambiental y concibe al ambiente como un bien que pertenece a todos los argentinos. En ese marco, remarcó que La Pampa podría accionar judicialmente mediante un amparo colectivo para frenar los efectos de la ley.

Desde una mirada social y territorial, Beatriz Dillon alertó que la provincia será una de las afectadas directas por la reforma, especialmente en materia de acceso al agua. Indicó que el impacto podría sentirse en el consumo humano, ante antecedentes de contaminación y disminución de caudales en zonas con actividad minera. En particular, advirtió sobre la vulnerabilidad del río Colorado, en crisis hídrica desde hace más de una década, debido a su dependencia del río Grande.

Dillon remarcó que más del 50% de la población pampeana depende de sistemas de acueductos vinculados a esa cuenca, como los de 25 de Mayo y Puelches, y que cualquier alteración comprometería el abastecimiento, la producción agrícola sobre la ribera y la soberanía hídrica de la provincia. También cuestionó el rol de Mendoza, al señalar que vuelve a concentrar poder de decisión sobre el río Colorado, en línea con antecedentes como el frustrado proyecto Portezuelo del Viento.

Finalmente, la directora del Instituto de Geografía subrayó la necesidad de informar a la comunidad sobre temas que suelen percibirse lejanos, como los glaciares y las áreas periglaciares, pero que tienen consecuencias directas sobre la vida cotidiana y el futuro de los recursos naturales pampeanos.