La aprobación del proyecto San Jorge revive la lucha histórica por el Atuel

El Senado mendocino aprobó la Declaración de Impacto Ambiental que habilita el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, conocido como San Jorge, con 29 votos a favor y 6 en contra. Con el respaldo político del gobernador Alfredo Cornejo y del presidente Javier Milei, la iniciativa recibió sanción definitiva pese al fuerte rechazo social y a las advertencias sobre los riesgos para la cuenca del río Mendoza en un contexto de crisis hídrica.

Organizaciones ambientales, asambleas por el agua y vecinos autoconvocados se movilizaron desde distintos puntos de la provincia hacia la Legislatura provincial bajo la consigna “El agua no se negocia”. La zona estuvo vallada y con un amplio operativo de seguridad. Las protestas continuarán en los próximos días, con el antecedente de 2019, cuando la presión ciudadana frenó el intento de modificar la Ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería.

Además de la DIA de San Jorge, la Legislatura aprobó la Ley de Regalías Mineras —que fija un esquema móvil con un máximo del 3% y un reparto 88% para la provincia y 12% para los municipios adheridos—, 27 proyectos de exploración en Malargüe y la creación de un Fondo de Compensación Ambiental.

El emprendimiento, ubicado en Uspallata, prevé una inversión estimada de 560 millones de dólares para producir concentrado de cobre. Organizaciones sociales y especialistas alertan que la explotación podría comprometer la cuenca del río Mendoza y afectar a las provincias río abajo, incluida La Pampa, que integra la cuenca interprovincial Desaguadero–Salado–Chadileuvú–Curacó.

Cornejo defendió la aprobación al afirmar que abre “la puerta a la producción de un mineral clave para la transición energética”, mientras que Milei celebró públicamente la iniciativa y destacó que la mina podría producir 40 mil toneladas anuales de concentrado de cobre.

En La Pampa, la decisión mendocina reavivó las alertas. El diputado nacional Hernán Pérez Araujo cuestionó duramente la votación al señalar que “quien no preserva sus recursos, menos hará algo por devolver los que nos corresponden”, en referencia al incumplimiento de los caudales del río Atuel establecidos por la Corte Suprema. Advirtió que el proyecto habilita “negociados millonarios a costa de contaminación y uso abusivo de las reservas de agua”, y recordó los impactos sufridos históricamente por la provincia a raíz de decisiones unilaterales de Mendoza.

Araujo sostuvo que la “irresponsabilidad” de la dirigencia mendocina pone en riesgo no solo a otros distritos sino también a sus propios habitantes. Y llamó a redoblar la defensa por los ríos pampeanos: “Debemos mantener nuestros reclamos en todas las instancias. Los queremos de vuelta corriendo por nuestra provincia, y limpios”.

El avance del proyecto San Jorge vuelve a tensionar la disputa hídrica entre provincias y coloca nuevamente en agenda el impacto ambiental sobre una cuenca compartida cuya fragilidad se agrava año tras año.