El Conicet cesanteó a un investigador tras denuncias por maltrato y violencia de género

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) resolvió cesantear al investigador pampeano José Hernán Sarasola luego de un sumario administrativo iniciado a partir de denuncias presentadas por becarias vinculadas a situaciones de maltrato laboral y violencia de género.

La medida fue adoptada tras una investigación interna que se extendió durante varios años y que concluyó con la recomendación de apartarlo definitivamente del organismo.

Sarasola, quien además dirigía el Centro para el Estudio y Conservación de las Aves Rapaces en Argentina, ya había sido sancionado previamente por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam con una suspensión de 30 días sin goce de haberes.

Según trascendió, el expediente del Conicet confirmó situaciones denunciadas por al menos dos becarias y determinó incumplimientos vinculados a su rol como director de becas y responsable académico.

Entre los puntos observados por el organismo nacional se mencionaron fallas en el acompañamiento institucional previsto por reglamento y cuestionamientos relacionados con el uso de trabajos e investigaciones desarrolladas por becarios.

Aunque el investigador presentó un descargo durante el proceso administrativo, ello no modificó la resolución final de cesantía.

La situación ya había generado repercusiones dentro de la Universidad Nacional de La Pampa, donde intervino el protocolo institucional para casos de violencia de género, acoso y discriminación.

De acuerdo con la resolución emitida por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en 2024, las denuncias describían episodios de maltrato laboral y conductas de violencia de género ocurridas durante procesos de formación académica y actividades de investigación.

En la investigación universitaria también se valoró la existencia de una relación jerárquica entre el docente y las denunciantes, así como el impacto que esa posición podía tener sobre las carreras académicas y becas de las estudiantes involucradas.

Las actuaciones concluyeron que existían elementos suficientes para acreditar situaciones de violencia laboral y discriminación de género, motivo por el cual se aplicó una sanción disciplinaria considerada grave dentro del ámbito universitario.