Constitucionalista pampeano cuestionó la reforma de la Ley de Tierras Rurales

El abogado constitucionalista pampeano Andrés Gil Domínguez expresó fuertes cuestionamientos al proyecto de reforma de la Ley de Tierras Rurales impulsado por el Gobierno nacional y sostuvo que la iniciativa podría favorecer la extranjerización de tierras estratégicas y afectar la soberanía territorial.

A través de un análisis difundido en sus redes sociales, el jurista examinó las modificaciones propuestas en el proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado.

Según explicó, la iniciativa elimina los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que fija restricciones a la cantidad de tierras rurales que pueden quedar en manos de personas o empresas extranjeras.

Gil Domínguez advirtió que la reforma permitiría ampliar el acceso de capitales extranjeros a tierras rurales y flexibilizaría la adquisición de inmuebles ubicados en zonas de frontera, siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

Otro de los puntos cuestionados por el constitucionalista es la aplicación del denominado “silencio administrativo positivo”, mecanismo mediante el cual una autorización podría considerarse concedida si el Estado nacional y las provincias no responden dentro del plazo previsto por la normativa.

En su análisis, sostuvo que el territorio constituye un elemento esencial del Estado y remarcó que la soberanía también implica la capacidad de controlar recursos naturales, infraestructura y áreas estratégicas. En ese sentido, consideró que la eliminación de los actuales límites podría reducir las herramientas del Estado para supervisar la adquisición de grandes extensiones de tierras por parte de intereses extranjeros.

Asimismo, señaló que la Constitución Nacional garantiza el derecho de propiedad, pero afirmó que ese principio no debe confundirse con la soberanía territorial. Según su interpretación, ambas cuestiones cumplen funciones distintas dentro del orden constitucional.

Finalmente, Gil Domínguez sostuvo que el proyecto genera un debate sobre el equilibrio entre la protección del derecho de propiedad, la apertura a las inversiones y la preservación del control estatal sobre los recursos y territorios considerados estratégicos para el país.