Amplia movilización en la Plaza San Martín contra el ajuste y el veto a leyes sociales

La Plaza San Martín fue escenario de una masiva concentración que reunió a personas con discapacidad, jubilados y jubiladas, y a la comunidad universitaria, en rechazo a las políticas de ajuste del presidente Javier Milei.

La Plaza San Martín fue escenario de una masiva concentración que reunió a personas con discapacidad, jubilados y jubiladas, y a la comunidad universitaria, en rechazo a las políticas de ajuste del presidente Javier Milei.

La manifestación se convocó tras la decisión presidencial de promulgar pero suspender la aplicación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento.

La jornada contó con la participación de familias, instituciones, gremios y organizaciones políticas, que expresaron su repudio a la medida. Entre las consignas se leyeron frases como “Vetar la ley es abandonar a las personas con discapacidad” y “No me dejen sin mis terapias y acompañantes”.

La movilización comenzó pasadas las 17, e incluyó una aplaudida frente al monumento a San Martín y una marcha alrededor de la plaza. Desde los micrófonos, manifestantes reclamaron: “Que sepan que somos personas con derecho, que somos pueblo”, mientras también se escucharon críticas a las políticas exteriores del Gobierno y a la dependencia económica respecto de Estados Unidos.

Reclamos por incumplimiento y recortes

El eje central de la protesta fue el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido vetada por el Ejecutivo y luego restituida por el Congreso.

“Milei dice que no hay financiamiento, cuando sí hay plata”, sostuvo Candela Salvador, abogada con discapacidad.

La profesional denunció además un “recorte brutal” de Anses sobre pensiones no contributivas y la suspensión de trámites para nuevos beneficiarios en La Pampa. “Excepto el Sempre, está todo cortado o aminorado”, señaló.

Salvador calificó de “inhumano” al presidente y advirtió que el incumplimiento de leyes aprobadas por el Congreso podría ser causal de juicio político.

Prestadores en crisis

En la manifestación también se hicieron oír las voces de profesionales que trabajan con personas con discapacidad, como Joahana y Rosela, licenciadas en Psicopedagogía y Rehabilitación Visual. Ambas describieron una situación crítica en el sector:

“Estamos desde noviembre de 2024 cobrando exactamente lo mismo. El valor de una sesión es de 12.090 pesos, mientras que el mínimo ético del Colegio de Psicopedagogía es de 25 mil”.

Señalaron que los pagos se realizan con demoras de hasta tres meses y que el congelamiento de aranceles lleva más de un año, lo que provocó que muchos colegas dejaran de atender pacientes con discapacidad.

También alertaron sobre la baja de tratamientos por parte de familias que ya no pueden afrontar los costos: “Esto interrumpe terapias y hace perder los avances logrados”.

Por último, remarcaron que trabajan con incertidumbre y angustia ante la falta de actualización de valores para 2026. “Estamos haciendo presupuestos iguales al año pasado, sin saber cómo sostener alquileres y monotributo. En el medio están los niños y las personas con discapacidad que se quedan sin prestaciones”, concluyeron.