Islas Malvinas: el Gobierno denunció a las petroleras, a sus directores y pidió el eventual decomiso del petróleo

El Gobierno denunció a las empresas que buscan extraer petróleo en las Islas Malvinas sin autorización ni concesión del Estado argentino. Según el escrito de 19 páginas, al que tuvo acceso al medio, la demanda incluye a “directores, administradores, representantes, gerentes o intermediarios de las empresas involucradas que hayan tomado decisiones o participado en la ejecución de los hechos”. Y pide evaluar si la estructura corporativa montada para financiar y ejecutar el proyecto Sea Lion encuadra en los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.

La presentación apunta directamente contra las firmas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic Limited, su controlante Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

La acusación no solo abarca a las estructuras corporativas, sino también a sus directivos y administradores, por incurrir en las figuras penales previstas en la Ley 26.659 de protección de la plataforma continental. La norma reprime con penas de hasta 15 años de prisión las tareas de exploración y extracción hidrocarburífera no autorizadas en aguas de jurisdicción argentina.

El Gobierno pide evaluar si la estructura corporativa montada para financiar y ejecutar el proyecto Sea Lion encuadra en los delitos de asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal) y lavado de activos (artículos 303 y 304).

De confirmarse la tipificación de esos delitos, la causa sumaría un impacto directo sobre la operatividad global de las compañías implicadas: habilitaría el rastreo de fondos en el exterior mediante asistencia jurídica mutua internacional y agravaría significativamente las penas probables para los directivos y apoderados de las firmas denunciadas.

Malvinas: la denuncia completa

La denuncia penal fue presentada a las 21.22 del lunes ante la Justicia Federal por el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

El detonante fue el reciente anuncio de las propias compañías, que informaron haber alcanzado la Decisión Final de Inversión (FID). El presidente Javier Milei aprovechó las declaraciones de Donald Trump sobre una eventual revisión de la posición “neutral” de los Estados Unidos sobre el litigio de la Argentina con el Reino Unido sobre las Malvinas.

El plan contempla la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una plataforma flotante de almacenamiento y descarga (FPSO) con la meta de extraer comercialmente el primer barril de petróleo (First Oil) en 2028.

Para la Cancillería, la puesta en marcha de esta infraestructura en áreas sobre las que la Argentina ejerce derechos soberanos consolida un avance ilícito sobre los recursos naturales del país.

Además de las sanciones penales, la denuncia a la que accedió el medio solicita embargos preventivos, inhibiciones generales de bienes y el decomiso de los equipos, insumos e hidrocarburos que eventualmente se extraigan.

La presentación pide investigar la posible comisión de delitos de contaminación ambiental bajo la Ley de Residuos Peligrosos y contrabando previsto en el Código Aduanero.

Con el impulso del Ministerio Público Fiscal, la causa busca congelar el financiamiento y la logística de un megaproyecto que desafía la soberanía argentina en el mar austral.

En cadena nacional, el jueves último, el Presidente confirmó la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y anunció el envío al Congreso de un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan sin autorización argentina en las Islas. Además, hizo un llamado a toda la dirigencia política a sostener un frente común en torno a la causa Malvinas.

Entonces, Milei señaló: “Un país pobre y sin Fuerzas Armadas, difícilmente puede avanzar de forma efectiva en sus reclamos soberanos. Debemos entender que la prosperidad es condición necesaria para la seguridad y la seguridad es condición necesaria para la supervivencia. Eso es tener una política de seguridad nacional. Atraer inversiones, proteger nuestra moneda, fortalecer nuestro sistema financiero y desarrollar nuestros recursos críticos son cuestiones de seguridad nacional. Y proteger el Atlántico Sur también es una cuestión de seguridad nacional”.

En la denuncia, el Gobierno pide que el Ministerio Público Fiscal identifique a todas las personas físicas y jurídicas responsables, la emisión de exhortos, oficios y asistencias jurídicas mutuas internacionales para obtener datos societarios, bancarios y contractuales y embargos preventivos, inhibición general de bienes, secuestro de insumos y decomiso de equipos, materiales e hidrocarburos extraídos.

El Presidente ordenó al ministro de Economía Luis Caputo que en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 que debe ser enviado el 15 de septiembre al Congreso “priorice” el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos que aseguren la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina.

“Estas medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos”, dice el último comunicado de la Oficina del Presidente.