Milei amenaza con vetar el reclamo de gobernadores por fondos del impuesto a los combustibles

Tras el encuentro entre los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño para consensuar una propuesta de redistribución de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles, el presidente Javier Milei advirtió que vetará cualquier ley que “rompa el equilibrio fiscal”. 

Tras el encuentro entre los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño para consensuar una propuesta de redistribución de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles, el presidente Javier Milei advirtió que vetará cualquier ley que “rompa el equilibrio fiscal”. Así lo confirmó este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni, quien también anticipó que el Ejecutivo presentará una “contrapropuesta”.

“El veto es utilizado por el Presidente cada vez que una ley aprobada por el Congreso no cuenta con los recursos o la explicación de dónde van a salir las partidas”, argumentó Adorni durante su habitual conferencia en Casa Rosada. Y agregó: “Todo proyecto que atente contra el déficit cero va a ser vetado”.

El proyecto que molesta al oficialismo fue consensuado esta semana en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde los mandatarios provinciales, entre ellos el pampeano Sergio Ziliotto, elaboraron una propuesta para modificar la Ley 23.966 y redefinir el reparto del impuesto a los combustibles. El esquema propuesto contempla: Tesoro Nacional 10,40 %, provincias 58,36 %, Seguridad Social 28,69 % y transporte público 2,55 %.

“El Gobierno nacional plantea que el Estado nacional no está para hacer obra pública, que solo debe manejar la macroeconomía, la seguridad nacional y la deuda. Bueno, estamos de acuerdo, hagamos un nuevo pacto fiscal, pero queremos los recursos”, reclamó Ziliotto tras la reunión con sus pares.

Por otro lado, Adorni intentó destacar el cumplimiento de contratos por parte de la actual gestión, citando la finalización de las obras del Sistema Riachuelo, iniciadas en 2015 por orden judicial. Sin embargo, esa afirmación contrasta con la política general del Ejecutivo, que paralizó y desfinanció múltiples obras públicas en marcha en todo el país, incluso algunas ya adjudicadas y con fondos comprometidos.

En La Pampa, entre las obras nacionales paralizadas por decisión del Gobierno se encuentran el Acueducto Norte, viviendas del programa Procrear, infraestructura del Enohsa y tramos de rutas nacionales. La contradicción entre el discurso oficial y los hechos en territorio refuerza el malestar de los gobernadores, que ahora buscan garantías de financiamiento para asumir responsabilidades que Nación se niega a continuar.