Nación desecha una inversión de $ 18.900 millones

Uno de los casos en nuestra provincia son las 636 viviendas del Procrear II que impulsó durante el gobierno anterior el ya inexistente Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

Este accionar por parte de Nación implica desechar una inversión millonaria en infraestructura que quedó en estado de abandono por la paralización -y deteriorándose con el correr de los días- que asciende a una suma actualizada a la fecha de 18.900 millones de pesos. A su vez, se le adeudan a las constructoras unos $ 7.800 millones.

De acuerdo a la actualización que el gobierno provincial realizó al mes de agosto de este año, los tres complejos habitacionales -una vez finalizados- iban a totalizar una inversión que rondaba los 80 mil millones de pesos, de los cuales 18.900 correspondían a las 168 unidades habitacionales previstas para Santa Rosa, 32.600 a General Pico y 28.900 a Toay.

Tanto en la provincia, como en la capital pampeana, las críticas opositoras a las gestiones local y provincial suelen hacer foco en la falta de obras públicas, muchas veces en el estado de las calles y las rutas, pero también en un presunto gasto público excesivo que, según describen, pareciera prescindir del cuidado de los dineros públicos que pertenecen a la comunidad toda. El silencio respecto a las pérdidas económicas que sufrirá el erario público por el abandono de las obras públicas nacionales suele ser estruendoso.

Deudas.

Junto con el daño que sufren las familias pampeanas que tenían la esperanza de acceder a la línea de créditos del Banco Hipotecario en el marco del Procrear II, el abandono de Nación dejó una multimillonaria deuda con las empresas constructoras de La Pampa que habían sido adjudicadas para las tres obras hoy paralizadas.

En el caso de Santa Rosa, las rendiciones presentadas por las empresas Ecop e Ilka que están pendientes de pago suman 2.352.494.045 pesos. Al 10 de diciembre del año pasado, cuando Nación paralizó los trabajos, las constructoras habían ejecutado el 22,79 por ciento de la obra.

En el caso de General Pico, las mismas empresas tienen rendiciones impagas por 1.621.265.423 pesos. En la ciudad del norte provincial, la ejecución llegó al 15,65 por ciento. Por último, en el caso de Toay, las firmas Ecop, Iaco y Bepha reclaman rendiciones adeudadas por 3.843.845.501 pesos, luego de haber ejecutado un 20,89 por ciento de los trabajos.

El monto total de la deuda que la administración de Javier Milei acumula con las constructoras pampeanas supera los 7.817 millones de pesos. Ese pasivo, sumado a los de las cientos de empresas de distintas provincias donde las obras del Procrear II quedaron inconclusas, explica una pequeña parte de la debilidad estructural que tiene el superávit en las cuentas públicas nacionales que el presidente de la Nación Javier Milei se autocelebra.

Las deudas con las cajas jubilatorias provinciales no transferidas, los jubilados de la Anses, las universidades nacionales, el complejo energético, entre otras tantas, dan cuenta de la fragilidad de un superávit construido sobre la base de no pagarle a nadie, dejando para las administraciones que vienen un sinnúmero de juicios que el Estado deberá afrontar más temprano que tarde.

Los proyectos.

En Toay, el complejo multifamiliar hoy abandonado tiene la característica de ser dúplex y se ubica entre calles España, San Lorenzo y Moreno con un total de 270 unidades habitacionales que comprenden unos 20.432 metros cuadrados. Son 261 viviendas de 65 metros cuadrados compuestas por dos dormitorios, cocina comedor y baño y 9 con la misma superficie y espacios, adaptadas para personas con movilidades reducidas.

En la capital provincial, las 168 viviendas multifamiliares que comenzaron a construirse el año pasado se distribuyen en 24 de un dormitorio, 136 de dos dormitorios y 8 de dos dormitorios aptas para personas con movilidad reducida. El complejo habitacional se ubica en el predio comprendido en las calles Carlos Gaich, Ramona Pereyra, Toscano Sur y José Calo, en el sureste de la geografía santarroseña.

En General Pico, las 198 viviendas, con características similares a las mencionadas arriba, se ubican sobre la Avenida Brunengo y la calle 333 al noroeste de la ciudad. El terreno pertenecía al IPAV y éste mediante el Fideicomiso de Viviendas de La Pampa gestionó la mensura y la planimetría en el sector donde se construían las casas.

En las tres ciudades, el anteproyecto vino del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y consta de un conjunto habitacional desarrollado en tiras de planta baja, primer y segundo piso, que conforman un espacio común que se van a vincular entre las distintas manzanas. Lo que se pretende con esa arquitectura es que se pueda vivir y comerciar en ese espacio común.

Un plan para la clase media.

En mayo de 2023, durante una visita a la ciudad de Toay, donde recorrió las obras del Procrear II, la encargada del Área de Proyectos para esta operatoria del Banco Hipotecario, Jazmín Luaces, dijo que, al menos en esa ciudad, las obras debían estar finalizadas para agosto de 2024.

“Nosotros somos un Fideicomiso del Banco Hipotecario que lleva la gestión técnica y la administración de las obras y desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación se gestiona como comitente este Fideicomiso”, dijo. Luaces sostuvo que las viviendas era unifamiliares con distintas características. “Procrear salda la deuda que hay de desarrollo habitacional para la clase media diferenciándose de la vivienda social”, sostuvo.

Los beneficiarios del programa, a diferencia de quienes acceden a viviendas sociales, debían inscribirse para recibir un crédito hipotecario por un monto en pesos, con un plazo máximo de pago de 30 años. El programa estaba dirigido a todo ciudadano/a argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente que tenga entre 18 y 64 años al momento de la inscripción

Entre los requisitos figuraban no haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez años, no tener -tanto el/la titular, como el/la cotitular- bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, contar con el DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica vigentes, acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción (excepto el estado civil soltero), presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder, demostrar un determinado monto de ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente y como mínimo doce meses de continuidad laboral registrada, además de no registrar antecedentes negativos en el sistema financiero durante los últimos nueve meses.

“Peor calidad de vida”.

El senador nacional por La Pampa, Daniel Bensusán (Unión por la Patria), cuestionó la distribución de fondos que realiza el presidente Javier Milei. Como contracara, destacó las políticas implementadas en la provincia por el gobernador Sergio Ziliotto.

“El presidente Javier Milei sigue castigando a las provincias, principalmente a La Pampa, y nuestro Gobierno provincial responde con herramientas para sostener la actividad económica de las y los pampeanos”, señaló Bensusán en su cuenta de X. “Mientras que a La Pampa le recortan el 95% de sus recursos, Capital Federal es de las que más fondos recibe. Seguimos pagando el bienestar de los porteños, a costa del sufrimiento de los pampeanos”, añadió.

En ese sentido, advirtió que “menos presupuesto son peores rutas, menos obras, más dificultades para que nuestros docentes puedan dar clases, menos viviendas, es una peor calidad de vida para la familia pampeana”.

“Mientras esto pasa, el gobernador Sergio Ziliotto anunció la inyección de 167 mil millones para las pymes pampeanas. Para sostener la actividad económica, el consumo y el empleo. Un Banco de La Pampa con la misión de motorizar la inversión y el crecimiento productivo”, completó.