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Economía

Milei aseguró que creará la “tasa Kicillof”, un impuesto para pagar los USD 16.000 millones del juicio de YPF en EEUU

El Presidente anticipó que se está trabajando en la propuesta de un “bono perpetuo” que afrontarían todos los argentinos “para pagar el desaguisado de un amateur”, en referencia al gobernador bonaerense y ex ministro de Economía

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El presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró que creará un impuesto con el nombre del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para hacer frente a la deuda de USD 16.000 millones que tiene la Argentina con Burford Capital, por la reestatización de YPF.

“Hay un problema, porque la plata no la tenemos, pero sí tenemos la voluntad de pagar. Una de las ideas en las que estamos trabajando, es crear la ‘tasa Kicillof’; que es pagarle a este fondo con un bono perpetuo. La idea es que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof”, comentó Milei, en una entrevista con LN+.

“Todos los argentinos recordaremos esa barbaridad que hizo y que hace que todos los días tengamos que estar poniendo una determinada cantidad de dólares para pagar el error de un chico cuya perspectiva ideológica perjudicó a 46 millones de argentinos”, agregó.

“Vamos a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kicillof, que es para pagar el desaguisado de un amateur, porque por más que sea doctor de la UBA, parece que esas materias no las estudió. Es alguien que no tiene muy en claro cómo funcionan las finanzas y los mercados”, agregó el primer mandatario.

El rol de Kicillof en el juicio

La Argentina perdió el juicio iniciado por Burford por una razón sencilla: violó el estatuto de la compañía que expropió, uno de cuyos artículos obligaba a quien quisiera adquirir la mayoría a hacer su oferta extensiva al conjunto de los accionistas.

La jueza Loretta Preska negó el pedido de prórroga del Gobierno argentino. (Reuters)La jueza Loretta Preska negó el pedido de prórroga del Gobierno argentino. (Reuters)

Entre los argumentos más contundentes que presentaron los demandantes y sopesó la jueza estuvieron las palabras del entonces ministro de Economía ante el Congreso de la Nación, flanqueado por el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido. Allí, en un pasaje, Kicillof dijo “No le vamos a pagar lo que ellos quieran, esos USD 10.000 millones. Los tarados son los que piensan que el Estado debe ser estúpido y cumplir lo que dice la propia empresa”, en referencia al estatuto de YPF.

El problema es que YPF cotizaba (y aún cotiza) en la bolsa de EEUU y su estatuto estaba registrado ante la SEC, la Comisión de Valores de ese país, por lo que debía responder no solo ante la ley argentina, sino también ante la de EEUU.

Fue por ese motivo que en julio de 2019 Guillermo Nielsen, considerado entonces “ministeriable” del candidato Alberto Fernández tildó a Kicillof de “ignorante” por la forma en que procedió a expropiar YPF. “Un ministro de Economía, además de saber de economía, tiene que saber de leyes y el funcionamiento legal de los mercados de capitales. La legislación en Argentina, y en el mercado central del planeta, que es Wall Street. Uno no hace lo que quiere. Uno hace lo que la ley le permite”, aseguró entonces Nielsen.

Negativa a la prórroga

En el marco del juicio multimillonario en el que el Estado argentino ya fue condenado a pagar USD 16.000 millones por haberse quedado de manera indebida con la mayoría accionaria de la petrolera en 2012, la jueza Loretta Preska, a cargo de una corte del Distrito sur de Manhattan, determinó que no le otorgará al país una prórroga de 30 días que había solicitado para presentar avales. Así, si el próximo 10 de enero, en 20 días corridos, no se presentan avales por el total del monto en cuestión, el demandante del juicio podría comenzar a pedir embargos contra el Estado

El juicio lo ganó el estudio inglés Burford Capital, quien a su vez compró el derecho a litigar hace años a socios minoritarios de la empresa que aseguraron haber sido perjudicados porque Argentina no les dio el mismo tratamiento que a la española Repsol, a quien se le compró su paquete accionario por unos USD 5.000 millones. Finalmente, este año la jueza dijo que ese reclamo era válido y condenó al Estado argentino.

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