La Provincia sostiene sola los programas sociales tras el retiro de Nación: ya se dieron de baja 28 iniciativas

En medio de un fuerte repliegue del Gobierno nacional en materia de políticas sociales, desde el Ejecutivo pampeano advierten que más de una veintena de programas han sido desactivados y que actualmente es la provincia quien asume en solitario la continuidad de las acciones territoriales.

La subsecretaria de Planificación y Políticas Sociales, Laura Ramborger, y el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino, se pronunciaron en contra de la propuesta legislativa que busca implementar auditorías externas sobre los programas sociales provinciales. Ambos funcionarios coincidieron en que ya existen mecanismos propios de evaluación y monitoreo, y que sumar auditorías externas resultaría innecesario y costoso.

“Las auditorías externas que hemos atravesado suelen llegar con demora y no aportan al diseño de nuevas políticas”, explicó Ramborger, quien además subrayó que “la provincia cuenta con herramientas institucionales que permiten revisar y ajustar las acciones sin depender de miradas externas”.

En esa línea, Bonino fue tajante: “Consideramos que no son necesarias”.

Discusión legislativa

Los dichos se dieron en el marco de una reunión de la Comisión de Legislación Social y Salud Pública, donde se discutieron proyectos impulsados por la oposición para exigir auditorías externas en las áreas de Niñez, Discapacidad y Personas Mayores. A la convocatoria asistieron, además de Ramborger y Bonino, otros referentes de las áreas técnicas y de planificación.

El rol del Estado nacional: ausente

Previo a su exposición en la Legislatura, los funcionarios dialogaron con medios locales y confirmaron que Nación ha dejado de enviar fondos para programas sociales, transfiriendo la totalidad del esfuerzo económico y operativo a las provincias.

“Se han dado de baja 28 programas a nivel nacional”, denunció Bonino. “El único que queda en pie es el Plan Nacional de Primera Infancia, pero sin ejecución presupuestaria ni descentralización real. Es decir, está en los papeles, pero no funciona”, explicó.

Políticas activas en territorio pampeano

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que, ante el vacío dejado por Nación, se fortalecieron sistemas propios para garantizar la continuidad de la política social. Ramborger explicó que el Pro Vida —al que definió como “el programa de las familias pampeanas”— abarca un amplio rango de edad y se estructura en torno a una mesa provincial que define qué componentes monitorear y cómo actuar según las realidades locales.

“El diseño de nuestras políticas parte de un sistema descentralizado y sensible a las particularidades de cada comunidad”, afirmó.

Además, destacó el rol del sistema Pilquén, una plataforma desarrollada para registrar datos, evaluar resultados y tomar decisiones informadas. “Es una herramienta fundamental que nos permite actuar con agilidad en contextos complejos”, dijo.

Nuevas herramientas y convenios estratégicos

Ramborger también se refirió al reciente convenio firmado con la Universidad Nacional de La Pampa, que permitirá monitorear el nuevo Indicador de Bienestar Social (IBS). “Allí sí consideramos necesaria una mirada externa, porque es una metodología innovadora que estamos empezando a aplicar”, explicó.

Sin embargo, dejó en claro que esa necesidad puntual no implica que el resto de los programas requiera auditorías externas de control: “Nuestros sistemas de monitoreo están activos y se utilizan todos los días”.

Desafíos en el área de Niñez

Bonino, por su parte, lamentó el desmantelamiento de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. “Hoy es un organismo totalmente paralizado”, advirtió.

También reconoció las dificultades propias del trabajo cotidiano: “A veces fallamos, porque trabajamos con personas, no con fórmulas exactas. Estamos disponibles 24/7, tratando de resolver situaciones urgentes con equipos que se dejan la piel todos los días”.