La Pampa irá contra Cerro Amarillo

Cerro Amarillo es una vieja iniciativa, reflotada el año pasado por Rodolfo Suárez, quien la envió al Congreso a pesar del rechazo de las organizaciones ambientales. El principal cuestionamiento era que esta DIA data de 2014, cuando el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) no había finalizado el Registro de Glaciares en las cuencas de los ríos Grande y Malargüe, pero las comisiones de Ambiente y Cambio Climático y de Hidrocarburos, Energía y Minería le otorgaron dictamen positivo.

Rechazo pampeano.

En la cámara alta obtuvo apoyo unánime del Frente Cambia Mendoza, mientras que el Frente de Todos otorgó “libertad de acción” a sus senadores, quienes votaron en forma dividida, con aprobaciones, rechazos y abstenciones. “Hubo buena actitud de varios senadores justicialistas que votaron en contra, como Gerardo Vaquer, que fue integrante del Coirco”, aclaró el pampeano Néstor Lastiri.

El subsecretario de Recursos Hídricos adelantó que “La Pampa volverá a requerir información sobre este asunto en el seno del Coirco, aunque esta vez tendremos que hacerlo por escrito y exigiendo una respuesta formal con precisiones sobre ubicación exacta, cantidad de perforaciones y gráficos del yacimiento, porque en ocasiones anteriores respondieron verbalmente que son versiones periodísticas, pero vemos que siguen avanzando”, advirtió.

La Pampa “seguirá defendiendo la calidad de agua del río Colorado y priorizando la salud ambiental de la cuenca”, concluyó.

En noviembre del año pasado, también la Fundación Chadileuvú manifestó su oposición a Cerro Amarillo y adhirió a los cuestionamientos de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. En un documento enviado al Senado mendocino, la entidad recordó que “ese yacimiento se encuentra emplazado en una zona de glaciares cuyas aguas van a alimentar el curso del río Grande, perteneciente a la cuenca del río Colorado” y advirtió que “su posible impacto involucra a las cinco provincias condóminas”.

Resulta “ineludible la participación del Coirco, para que las provincias involucradas puedan analizar todas las implicancias que podría ocasionar la ejecución” del proyecto, aclaró la Fuchad.

Peligran los glaciares.

Si bien Suárez sostiene que es compatible con la Ley 7722 porque no utilizaría sustancias prohibidas, la Asamblea por el Agua Pura de Mendoza advirtió que “este proyecto pondría en riesgo una de las más prístinas y hermosas áreas de la cordillera en Malargüe y afectaría los ríos Grande y Colorado, además de la convivencia con las restantes provincias de esta cuenca hídrica”.Esta intención de explotar una veta de cobre a 2.800 metros de altura y a 60 kilómetros al oeste de Malargüe había sido rechazada en octubre de 2014, durante la gestión de Francisco Pérez. “Argumentan que se ajustaría a la Ley 7722 porque no usarían sustancias tóxicas, pero olvidan que utilizarán xantato y poliacrilamida, tan peligrosos como el cianuro, el ácido sulfúrico y el mercurio, y que la UNCuyo declaró violatorios de la Ley 7722”, denunció el geógrafo y asambleísta Marcelo Giraud.

La explotación también violaría la Ley de Glaciares porque “el área de concesión está completamente rodeada de glaciares y es un ambiente protegido por esa norma”. De hecho, la DIA aprobada el miércoles fue elaborada antes de culminar el inventario nacional de glaciares. “Los informes ambientales requieren actualización bianual, pero el gobierno no incorporó ningún informe nuevo”, reveló el ambientalista.

Ese estudio del Ianigla, finalizado en 2017, “muestra claramente que hay una gran cantidad de glaciares (cubiertos, descubiertos y de escombros) en el área de la concesión minera, particularmente en adyacencias de la laguna Cajón Grande, un lugar prístino y maravilloso”. Giraud también precisó que aunque el expediente aprobado ayer propone nueve perforaciones exploratorias “la última fase del proyecto de 2014 incluía 19 pozos, muchos cercanos a los numerosos glaciares identificados”.

“¿Ustedes lo permitirían?”.

“¿Permitirían ustedes hacer megaminería a 200 metros de la Laguna de los Horcones (de una hectárea), o de la Laguna del Diamante? ¿Por qué permitir el proyecto Cerro Amarillo, a sólo 200 metros de la Laguna Grande del Cajón, que ocupa una superficie de 70 hectáreas y resulta un sitio prístino de altísimo valor hídrico, ecosistémico, paisajístico y muy vulnerable?”

Con estos interrogantes, la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza volvió a cuestionar ayer el avance del proyecto de extracción de cobre en la Legislatura, luego de la media sanción obtenida por la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

A través de las redes sociales, los asambleístas reiteraron que “por ley, las declaraciones de impacto ambiental deben debe actualizarse cada dos años” y a esta publicación (reproducida por el sitio web “Explícito”) añadieron fotografías de la Laguna del Cajón Grande y una serie de imágenes satelitales tomadas del expediente ingresado a la Legislatura, donde se observa “que el Pozo Nº 5 estaría a 200 metros y el Pozo Nº 6 a 250 metros” de ese sitio.