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Crisis en Bolivia: un manifestante murió de un disparo durante las protestas contra el gobierno
Autoridades negaron que las fuerzas de seguridad hayan usado armas letales y la Fiscalía abrió una investigación por homicidio.
La crisis política y social en Bolivia sumó un nuevo capítulo tras la muerte de un manifestante durante un operativo de desbloqueo de rutas en las afueras de La Paz, en medio de las protestas que desde hace casi un mes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El gobierno boliviano confirmó el fallecimiento de Víctor C. Q., un joven de 24 años que recibió un impacto de bala el sábado pasado en la localidad de Vilaque Copata, sobre la ruta entre El Alto y Oruro.
Según un certificado forense citado por medios locales, la víctima murió por un disparo de arma de fuego durante los enfrentamientos registrados en el marco del operativo denominado “Corredor Humanitario”, desplegado para liberar rutas bloqueadas y permitir el ingreso de alimentos, combustible y medicamentos hacia La Paz y El Alto.
La administración de Paz expresó sus condolencias a la familia y anunció una investigación para determinar responsabilidades. El vocero presidencial José Luis Gálvez insistió en que los efectivos policiales actuaron sin portar armas letales y únicamente utilizaron gases lacrimógenos como elemento disuasivo.
En la misma línea, el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, afirmó que los primeros indicios apuntan a que el disparo habría sido efectuado “desde el lado contrario” al que ocupaban las fuerzas de seguridad. Según explicó, la hipótesis surge a partir del análisis preliminar del orificio de ingreso y salida del proyectil.
“El uso de armas letales no está permitido en operativos de mantenimiento del orden público”, aseguró Sokol, quien remarcó que existe un control estricto sobre el armamento antes de cada despliegue policial.
La Fiscalía Departamental de La Paz informó este martes que un equipo multidisciplinario logró ingresar finalmente a Vilaque Copata para realizar peritajes y recolectar pruebas. El fiscal departamental Luis Carlos Torrez señaló que la causa es investigada por el delito de homicidio contra autor o autores.
El acceso de los investigadores había permanecido bloqueado durante dos días debido a las barricadas instaladas por sectores movilizados. Tras negociaciones con los manifestantes, fiscales y especialistas del Instituto de Investigaciones Forenses pudieron inspeccionar la zona donde ocurrió el hecho.
La muerte del joven ocurre en un contexto de creciente tensión social en Bolivia. Las protestas, impulsadas inicialmente por sindicatos y organizaciones sociales que reclaman mejoras salariales, abastecimiento estable de combustible y medidas para enfrentar la crisis económica, se radicalizaron en las últimas semanas.
Los bloqueos mantienen prácticamente sitiada a La Paz desde hace cuatro semanas y provocaron escasez de productos básicos, medicamentos y combustibles. La inflación interanual alcanzó el 14 por ciento en abril, agravando el malestar social.
El lunes, miles de mineros, campesinos y obreros volvieron a marchar hacia el centro paceño desde la ciudad de El Alto al grito de “¿Qué queremos? ¡Que renuncie! ¿Cuándo? ¡Ahora!”. Los enfrentamientos estallaron cuando grupos de manifestantes intentaron romper el cordón policial cerca del Congreso.
En un intento por desactivar la crisis, el presidente Paz anunció una reducción del 50 por ciento de su salario mensual, actualmente estimado en unos 24.000 bolivianos —equivalentes a cerca de 3.500 dólares—. Sin embargo, el gesto no logró frenar las movilizaciones.
La situación también generó preocupación internacional. El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, mantuvo una conversación telefónica con Paz y expresó su “solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano”, además de pedir diálogo entre las partes y anunciar ayuda humanitaria para el país. Estados Unidos y Argentina también ofrecieron asistencia en las últimas semanas ante el agravamiento de la escasez.