Violencia de género y sospechas de asesinato: el perfil del acusado por el crimen de una joven en Tucumán

Felipe Sosa, de 51 años, fue capturado hace unos días en Buenos Aires. Lo alojaron el lunes en el complejo penitenciario Benjamín Paz. Su formación militar y los antecedentes que lo complican en la causa.

Bajo un fuerte operativo,Felipe Sosa, de 51 años, único detenido por el brutal asesinato de Érika Antonella Álvarez, de 25, fue trasladado el lunes en un avión oficial desde Buenos Aires hasta Tucumán. Dentro de una camioneta y atado de pies y manos, el excomando de la Legión Extranjera luego fue alojado en el complejo penitenciario Benjamín Paz.

Luego de su cinematográfica captura en la localidad de Pilar, en Buenos Aires, Sosa regresó a la provincia bajo un protocolo de seguridad pocas veces visto, destinado a custodiar a un hombre con entrenamiento de élite militar y alto riesgo de fuga.

Un traslado por aire y tierra

Así fue el operativo policial con el que trasladaron a Felipe Sosa a la cárcel de Benjamín Paz. (Video: Policía de Tucumán).

El operativo empezó el viernes en la provincia de Buenos Aires, donde Sosa había sido interceptado por una comisión de 25 policías tucumanos mientras circulaba en una motocicleta de alta gama.

El sospechoso fue trasladado dos días después, en la mañana del lunes, a bordo del avión oficial de gobierno de Tucumán, que se había trasladado hasta la ciudad de Buenos Aires luego de una evacuación sanitaria de urgencia de un niño al hospital Garrahan.

Al aterrizar en suelo tucumano, la imagen de Sosa reflejó la peligrosidad que le asignan los investigadores: casco protector, chaleco antibalas, sin cordones en sus zapatillas y con pies y manos atados.

Escoltado por fuerzas especiales de la policía de Tucumán, el acusado fue conducido directamente hacia el Complejo Penitenciario de Benjamín Paz, la cárcel de máxima seguridad recientemente inaugurada en la provincia.

El perfil de Felipe Sosa

De acuerdo al expediente, al que tuvo acceso el medio, el acusado del femicidio de Erika Antonella Álvarez tiene un alto perfil en entrenamiento militar.

Sosa empezó en el Ejército Argentino en 1998. Ese año, se graduó en el Colegio Militar de la Nación, la institución donde se forman los oficiales de carrera en la Argentina.

Su paso por el Regimiento de Paracaidistas ya marcaba un perfil orientado a la acción directa y la resistencia física.

También fue seleccionado como observador de las Naciones Unidas (ONU) para misiones en Kuwait e Irak, un entorno donde la disciplina y el manejo de situaciones geopolíticas críticas son fundamentales.

El punto más oscuro y sofisticado de su historial es su incorporación a la Legión Extranjera de Francia, una unidad que recluta voluntarios internacionales bajo un régimen de entrenamiento extremo, como adiestramiento para soportar torturas, resistir interrogatorios y operar bajo presión psicológica.

Además, en Guayana Francesa, Gabón (en África Central) y Costa de Marfil (África Occidental), cumplió funciones duales: participó en operaciones contra el tráfico de oro y rescates en la selva, a la vez que fue enfermero de combate.

Al volver a Tucumán, en 2008, Sosa capitalizó su entrenamiento bélico en el ámbito empresarial. “Seguridad Objetiva” es la compañía que fundó en la provincia. Se dedicaba principalmente a la seguridad en barrios exclusivos y empresas de reconocidas marcas. A través de su firma, logró insertarse en los círculos de poder de Yerba Buena, al brindar protección a sectores citricultores, ferroviarios y a los complejos residenciales.

Bajo esta fachada de empresario respetado, su historial comenzó a acumular manchas legales. En 2023, su nombre saltó a la luz pública por el hallazgo de un cultivo de marihuana en su casa y una denuncia en su contra por violencia de género, lo que reveló un perfil violento que hoy es central en la causa por el femicidio de Álvarez.

Este entrenamiento explicaría, según la hipótesis de la fiscal María del Carmen Reuter y Carlos Picón, ambos a cargo de la investigación, la frialdad que habría tenido en la ejecución del crimen y el descarte del cuerpo de la joven en una bolsa de residuos negra en un descampado del barrio Manantial Sur, elegido de manera estratégica por carecer de cámaras y vecinos.

Vulnerabilidad, drogas y poder

El abogado de la familia Álvarez, Carlos Garmendia, confirmó que Álvarez, que era estudiante de enfermería, atravesaba un cuadro de adicciones, situación que la habría llevado a frecuentar círculos de personas con alto poder adquisitivo donde las drogas y las fiestas electrónicas eran moneda corriente.

La autopsia, que reveló una mandíbula dislocada y luxación de vértebra, evidencia la saña con la que fue tratada. Las autoridades manejan distintas hipótesis: un deceso por exceso de consumo encubierto, un crimen para silenciarla por información sobre narcotráfico o una represalia directa.