Diez imputados por las amenazas de muerte a Sergio Massa se reconocieron culpables y deberán cumplir probation

Diez imputados en la causa que investiga las amenazas de muerte que recibió la familia del actual ministro de Economía, Sergio Massa, en 2020 se reconocieron culpables y deberán cumplir con la probation, según resolvió el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Isidro.

Fue a raíz de haber hecho público el número de teléfono del por entonces presidente de la Cámara de Diputados y el de integrantes de su familia. Los acusados tendrán ahora registrado el hecho en sus antecedentes penales. Por otra causa, habría un detenido, precisó la agencia NA.

El Juzgado Federal 2 de San Isidro resolvió, entonces, suspender el proceso a prueba respecto de los 10 imputados en la causa por múltiples amenazas contra Massa, su esposa Malena Galmarini y familia. Además, les impuso la realización de entre 130 y 150 horas de tareas comunitarias.

Tras la denuncia, se identificaron diez responsables: Franco Ezequiel Barales, Juan Ignacio Bogado, Martín Rubén Fernández, Julio Ariel Lovera, Sebastián Medina Canchari, Blas Pawluk, Darío Hernán Posniak, Ignacio Saluzzo, Marcela Alicia Villabrille y Luis Hernán Molina.

En septiembre del 2020, Massa y Galmarini habían recibido múltiples amenazas tanto en redes sociales como por Whatsapp, tras haberse difundido sus teléfonos. Luego de la investigación y tras considerarse que “se encontraba suficientemente demostrada las autorías y responsabilidades penales” de los acusados, la Justicia resolvió imponerles obligaciones por el término de hasta dos años y seis meses.

Las amenazas se dieron en el marco de una sesión legislativa (Franco Fafasuli)

De esta manera, teniendo en cuenta que según lo manifestado por la Fiscalía, “cada frase empleada es distinta y algunas tienen mayor entidad”, los imputados deberán abonar entre $20 mil y $200 mil pesos a la Asociación Civil “Pequeños Pasos”; entregar los celulares utilizados para enviar los mensajes amenazantes; realizar tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos, además de otras obligaciones formales.

En aquel momento, las amenazas sucedieron en el marco de la polémica entre el oficialismo y sectores de la oposición por el protocolo de sesiones parlamentarias a raíz de la pandemia de coronavirus y con la reforma judicial como telón de fondo del conflicto.

En medio de una jornada legislativa que se extendió a horas de la madrugada, Massa expresó algo que lo aquejaba: “Además de paciencia, voy a tener que cambiar mi celular porque se ve que algunos de los que se fueron del recinto repartieron mi número y me están mandando mensajes”.

Luego, durante la sesión en la que participaron solo los diputados del oficialismo y pequeñas bancadas de la oposición, el presidente de la Cámara baja sostuvo que durante esa madruga había recibido más de 400 mensajes con un tono amenazante contra él, su mujer Malena, sus hijos y sus padres.

Enterados de la situación, algunos diputados interrumpieron la sesión para impulsar el repudio al hostigamiento virtual hacia el funcionario que incluyó también el rechazo a la distribución de fotos de sus hijos en las redes sociales. El repudio obtuvo unanimidad con el consentimiento de diputados de los bloques presentes.