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Declaran 12 testigos, entre ellos dos jueces, contra Díaz Lacava
Unas 12 personas, entre ellos jueces federales, secretarios y empleadas, declararán esta semana ante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación en el marco del expediente iniciado contra el juez federal Pablo Ramiro Díaz Lacava, acusado de maltrato laboral e incumplimiento de los deberes de funcionario pública.
Las declaraciones en principio se tomarán entre este jueves y viernes en las instalaciones del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa y estará presente el titular de la comisión, Miguel Piedecasas, que lleva adelante el juicio político contra el magistrado.
Entre las personas que presentarán declaración figuran los cuatro querellantes: Ignacio Rodríguez Berdier, secretario de Cámara; la secretaría de Derechos Humanos, Alina Trento; y el secretario de Ejecución Penal, Ricardo Sequeira González; y Norma Martínez.
Como testigos también se presentarán los jueces del TOF, José Mario Triputti y Marcos Aguerrido, quienes comparten tribunal con Díaz Lacava. Ambos avalaron las denuncias de funcionarios y empleados contra el acusado.
También declararán ante autoridades de la Magistratura: Erika Savluk, Bárbara Medwid, Laura Sosa, Mariela Eiffes, Mónica Fernández, una trabajadora ya jubilada y de extrema confianza con Díaz Lacava, y Alicia Gebel, también jubilada. Los dos últimos trabajadores por la edad y por la pandemia, no concurrían al tribunal desde marzo del 2020.
Mañana, en tribunales.
Díaz Lacava además deberá declarar mañana en indagatoria ante el juez federal Juan José Baric, que lleva adelante la causa penal por las acusaciones contra el magistrado.
La causa penal se inició en abril del año pasado, mientras que en mayo la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca dictó una medida cautelar a instancias de lo solicitado por la fiscala, que prohibía al juez acercarse a las víctimas en el TOF.
Díaz Lacava está imputado por los delitos de amenazas en perjuicio de seis víctimas en un contexto de violencia, maltrato laboral, y para los casos de las mujeres, en un contexto de violencia de género; amenazas agravadas en perjuicio de dos personas por tener como propósito compeler a una persona a hacer abandono del trabajo; lesiones en la salud de cuatro trabajadores; lesiones graves en la salud de una persona por haberla inutilizado para el trabajo por más de un mes; y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por dictar órdenes contrarias a la ley, reiterados en tres ocasiones.