Brasil: allanan casa de exministro de Bolsonaro y encuentran borrador de decreto para intervenir elecciones

Ante la consulta de los medios, el exministro dijo que el borrador del decreto era un documento “para descarte”.

Torres afirmó estar pronto para entregarse a la policía para cumplir una orden de prisión por su presunta relación con los atentados del domingo pasado contra el Palacio del Planalto en Brasilia.

“La decisión judicial será cumplida cuanto antes”, declaró Rodrigo Roca, abogado de Torres, quien se encuentra en el estado de Florida, Estados Unidos, donde se reunió con Bolsonaro, según informó la prensa local.

Por lo pronto, Bolsonaro a la fecha continúa sin reconocer el resultado de los comicios que llevaron al líder petista a la presidencia, con lo cual una de las hipótesis plantea que el decreto podría haber sido utilizado para intervenir el TSE y posteriormente revertir el conteo final de los comicios. Sin embargo, el mismo no fue formalizado.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar quién organizó y cómo se financiaron los manifestantes que protagonizaron los violentos disturbios. Miran además si hubo fallas internas por parte de los responsables de resguardar las sedes de los poderes públicos.

Siete empresas sospechadas de financiar el ataque

Casi 2.000 personas fueron detenidas después de las manifestaciones del domingo, con 1.159 que permanecen recluidas tras ser interrogadas, de acuerdo con el último parte oficial.

La Abogacía General de la Unión (AGU) identificó 52 personas y siete empresas que están bajo sospecha de haber financiado la movilización.

Lula “debería responder a este ataque sin precedentes fortaleciendo los principios democráticos, defendiendo el Estado de derecho y enfrentando los problemas crónicos de derechos humanos que fueron agravados durante la presidencia de Jair Bolsonaro”, afirmó este jueves Human Rights Watch.

La ONG pidió investigar “minuciosamente” a quienes “incitaron, financiaron o cometieron” los actos de violencia.

Los pedidos para castigar a los agitadores ocurren un día después de una convocatoria bolsonarista para una protesta nacional a favor de “retomar el poder”, que provocó que el gobierno reforzara la seguridad, especialmente en Brasilia, donde el acceso a la zona principal de edificios públicos fue cerrado.

Las manifestaciones, citadas para el miércoles, no se materializaron y el centro del poder político brasileño fue abierto este jueves al tránsito, aunque era custodiado por policías y vehículos antimotines, mientras que trabajadores reparaban la fachada de la Corte Suprema.

Casi 2.000 personas fueron detenidas tras las invasiones y 1.159 aún están recluidas tras ser interrogadas, según el último parte oficial.