Universidades: crece el rechazo a Milei por incumplir la ley de financiamiento

El incumplimiento del Gobierno nacional de la Ley de Financiamiento Universitario y de los fallos judiciales vinculados con su aplicación genera un amplio rechazo social, según distintas encuestas difundidas en los últimos días. Los relevamientos muestran que el malestar excede a los sectores opositores y se suma al deterioro de la imagen presidencial y a los cuestionamientos por el rumbo de la gestión.

Los datos se conocieron después de la Quinta Marcha Federal Universitaria, en la que estudiantes, docentes, trabajadores y organizaciones sociales reclamaron el cumplimiento de la legislación y denunciaron el desfinanciamiento de las universidades públicas. La movilización también estuvo marcada por la intervención de las fuerzas federales frente al Congreso.

Amplio rechazo al incumplimiento judicial

Una encuesta nacional de Analogías, realizada entre el 10 y el 14 de octubre, indicó que el 62,7% de las personas consultadas considera negativa la decisión del Gobierno de no cumplir los fallos judiciales sobre financiamiento universitario. En contraste, el 26,6% la evalúa positivamente.

Entre quienes completaron estudios terciarios o universitarios, la desaprobación asciende al 70,6%.

La directora de Comunicación de la consultora, Marina Acosta, señaló que el rechazo no se limita a quienes mantienen una posición opositora al presidente Javier Milei. Según los resultados del estudio, la desaprobación llega al 70% entre los sectores que no se identifican con ninguno de los polos políticos y alcanza al 45% dentro del oficialismo moderado.

Para la analista, el conflicto universitario se incorporó a una serie de asuntos que perjudican la agenda gubernamental y afectan la imagen presidencial.

En el mismo relevamiento, Milei obtuvo un 38,9% de valoración positiva y un 56,7% negativa.

El respaldo a la universidad pública

Otro relevamiento, de Zuban Córdoba y Asociados, refleja un respaldo todavía mayor a las demandas del sistema universitario. Su directora de investigación, Paola Zuban, afirmó que el 92% de los consultados apoya el reclamo de las universidades y que el 94% respalda la educación pública.

La especialista vinculó estos resultados con un malestar social que también alcanza a otros sectores, como los jubilados, las personas con discapacidad y los trabajadores de la salud pública.

En esa línea, señaló que la insatisfacción con la gestión nacional no responde a un único conflicto, sino a la acumulación de diferentes problemas que impactan en la percepción de la ciudadanía.

Los números de otras consultoras también muestran dificultades para el Gobierno. Proyección Consultores registró un 52,4% de evaluación negativa de la gestión nacional, frente a un 42% positiva. En cuanto a la imagen personal del Presidente, las opiniones negativas alcanzaron el 55,2%, mientras que las positivas se ubicaron en el 41,9%.

Santiago Giorgetta, director asociado de esa firma, advirtió que existe una diferencia entre el conocimiento de los aspectos legales y presupuestarios del conflicto y la preocupación que genera el futuro de la universidad pública. Aunque no toda la población comprende los alcances de la disputa judicial, el desfinanciamiento educativo aparece como un motivo extendido de inquietud.

Denuncian la represión durante la marcha

La jornada de protesta también derivó en una denuncia penal presentada por la Comisión Provincial por la Memoria contra el Comando Unificado de seguridad nacional y porteño por el accionar de las fuerzas federales durante la movilización frente al Congreso.

La organización sostuvo que los efectivos habrían excedido los límites legales en el uso de la fuerza y solicitó registros de cámaras al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se abrió un expediente judicial para reunir informes de la Defensoría y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

La presentación judicial suma otro frente de cuestionamientos para el Gobierno, en medio de la disputa por el financiamiento universitario.

Los relevamientos y las movilizaciones muestran que la defensa de la educación pública ocupa un lugar relevante en el debate social. Para el oficialismo, el desafío no se limita a la discusión presupuestaria: también implica responder a un reclamo que, según las encuestas, reúne apoyos más allá de las divisiones políticas.