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Facilitan la privatización de empresas públicas con cambios sobre las OPA

La CNV hizo modificaciones sobre la normativa con el objetivo de facilitar la privatización de empresas públicas. especialmente en los sectores de energía y gas.

Publicado

hace 2 años

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó la normativa referente a las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) con el objetivo de facilitar la privatización de empresas públicas, especialmente en los sectores de energía y gas.

La nueva regulación, establecida mediante la Resolución General N° 1037, permite la transferencia de hasta el 50% de las participaciones accionarias de empresas estatales a un adquirente privado sin necesidad de realizar una OPA.

Esta excepción se aplica siempre y cuando el adquirente privado asuma la misma posición del Estado en un convenio de accionistas preexistente, manteniendo la estructura de control de la empresa, según señala un parte de la CNV.

«La modificación normativa contempla la situación en la que un nuevo accionista asume la posición del accionista vendedor, manteniéndose intacta la participación accionaria de la sociedad controlante en la emisora afectada e incluye la adhesión del nuevo accionista a los acuerdos preexistentes, si los hubiera, lo que asegura continuidad en la gobernanza y operación, tanto de la sociedad controlante como de la emisora», indicó el parte oficial.

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, destacó que esta medida busca eliminar barreras regulatorias que no aportan valor al propósito de protección del interés público, al tiempo que se fomenta un entorno jurídico adecuado para la transferencia de activos por parte del Estado.

«La normativa dictada impulsa el equilibrio entre el interés público, la protección de los inversores y la necesidad de fomentar un entorno jurídico adecuado para la transferencia de activos por parte del Estado Nacional» y que «continuamos trabajando en línea con los objetivos del Gobierno Nacional, día a día, como lo hemos hecho desde el inicio de la gestión», señaló Silva.

La normativa apunta a favorecer objetivos estratégicos del Estado, como la reconfiguración de su participación en sectores clave de la economía nacional.

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