Santa Rosa: la CPE alertó por presiones sobre el cooperativismo tras los dichos del embajador de EE.UU.

Las cooperativas de servicios públicos de todo el país manifestaron su preocupación por las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, sobre el uso de tecnología Huawei por parte de la Cooperativa CALF de Neuquén, y advirtieron que el episodio se enmarca en un contexto de medidas que, según sostienen, afectan al modelo cooperativo.

El presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) de Santa Rosa, Manuel Simpson, participó de una reunión virtual junto a dirigentes de distintas provincias, donde además de analizar la situación de la CALF también se debatieron proyectos que consideran perjudiciales para las entidades sin fines de lucro.

“Esto es un acto más dentro de un modelo que se está intentando imponer”, afirmó Simpson, al señalar que el encuentro había sido convocado inicialmente para analizar una iniciativa que busca volver a aplicar el Impuesto a las Ganancias a cooperativas y asociaciones civiles.

Durante la reunión, el presidente de la cooperativa neuquina expuso la preocupación existente por los cuestionamientos al uso de equipamiento Huawei en el centro de datos que desarrolla la entidad. Simpson defendió esa decisión y aseguró que la elección de proveedores responde a criterios técnicos y económicos.

“La CPE tiene proveedores norteamericanos, chinos y de otros países. La tecnología se compra de acuerdo con las necesidades técnicas y económicas”, explicó. Además, destacó que Huawei posee una importante participación en el mercado mundial de infraestructura para centros de datos.

Para el dirigente pampeano, el debate excede la cuestión tecnológica y responde a intereses económicos y geopolíticos. En ese sentido, sostuvo que existe un modelo que busca avanzar sobre las cooperativas porque “no persiguen fines de lucro” y representan una alternativa al esquema de sociedades anónimas.

Simpson también cuestionó distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional que, según afirmó, impactan sobre el sector cooperativo. Entre ellas mencionó un nuevo intento de gravar con el Impuesto a las Ganancias a cooperativas y asociaciones civiles, modificaciones en la normativa que regula los consejos de administración y cambios vinculados al funcionamiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).

Además, aseguró que las cooperativas continúan realizando aportes al Fondo de Educación Cooperativa, aunque denunció que una parte importante de esos recursos no se destina al funcionamiento del organismo.

Frente a este escenario, el movimiento cooperativo convocó para el próximo 13 de agosto a un encuentro en Neuquén, donde participarán entidades de distintas provincias con el objetivo de respaldar a la CALF y coordinar acciones en defensa del sector.

“Cuando empiezan por un lado, siguen por otro”, advirtió Simpson, quien consideró que el debate no involucra únicamente a las cooperativas de servicios públicos, sino también a mutuales, clubes y otras organizaciones sin fines de lucro que cumplen un rol social en sus comunidades.