El Gobierno cerró 136 Registros Automotores en todo el país

Por último, el texto anticipa que esta medida se trata de “una primera etapa de la reestructuración del sistema“. Sobre el futuro de los Registros Seccionales, la resolución expresa que se “requerirá de un estudio más acabado, para su paulatina aplicación”.

Que otras medidas se esperan para los Registros Automotores

Ya en mayo, el Gobierno había comunicado que cerraría el 40% de los Registros del Automotor. Tal como fue explicado, esta es tan solo una de tantas medidas de una primera etapa del plan de reestructuración.

Entre otras disposiciones en este área, desde la asunción de Milei, se eliminó la cédula azul, con el objetivo de que cualquier persona pueda circular dentro del territorio argentino con la sola exhibición – física o digital – de la cédula verde del titular del automóvil. Además, también fue eliminado el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) y suprimidas las fechas de vencimiento de todas las cédulas verdes.

Desde el 13 de mayo, la cédula azul ya no es obligatoria para circular.

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En línea con este plan, también se había anunciado una reducción del 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor. La misma se dará en el marco de un “plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas“.

La respuesta de AAERPA a la decisión del Gobierno

Según la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (AAERPA), la medida impuesta por el Gobierno “debe ir acompañada de una readecuación de los ingresos de los Registros, que desde octubre del año pasado no se les actualiza sus emolumentos“. Tal y como argumentaron, el cierre profundizará el deterioro de la actividad y la prestación del servicio.

“En definitiva hablamos de menor seguridad jurídica a la hora de comprar o vender un automóvil, con todas las consecuencias que eso conlleva”, agregaron desde la entidad presidida por Alejandro Germano.

En la respuesta, profundizaron sobre la remuneración de los Registros Automotores, los cuales no son actualizados por el Ministerio de Justicia desde octubre de 2023. “Esta situación amenaza con desestabilizar el sistema y pone en riesgo 12 mil puestos de empleo privados que trabajan en los Registros“, explicaron.

Además, indicaron que el costo del servicio está recayendo en los titulares del registro, quienes deben cubrir desde los salarios, luz y alquileres hasta la adquisición de documentos proporcionados por el Estado Nacional. En ese sentido, explicaron que los registros “son estatales, pero de administración privada“, y que los empleados no son públicos.

“El registro no implica un costo para el Estado, sino al contrario: le genera ingresos”, agregaron desde AAERPA. Por último, expresaron: “El Ministerio ya ha recibido la recaudación prevista para todo este año 2024, mientras que los registros seccionales no pueden afrontar siquiera los sueldos de los empleados, mucho menos una retribución justa por los servicios“.